Por más que la tibieza haya marcado la tónica de muchas de las declaraciones efectuadas por los órganos directivos de la Unión Europea ante algunos de los problemas más graves de nuestro tiempo, las amenazas que se ciernen sobre Groenlandia constituyen en estos momentos la piedra de toque de su solidez y fortaleza en el escenario internacional. A tenor de la declaración suscrita por los responsables máximos de siete Estados de la Unión, y sobre la base de la contundencia con que esa declaración conjunta se plantea, cabe pensar que esa toma de conciencia emerge como la manifestación de una postura de firmeza ante la pretensión del presidente de estados Unidos de apropiarse de un territorio que forma parte indisociable de la Unión Europea.

 El mapa ofrece una buena perspectiva de la complejidad de España, reflejada en su diversidad lingüística y en los contrastes regionales de sus posiciones reivindicativas. 

Ha sido elaborado por Fanny Privat y publicado en la excelente monografia que sobre España ha dado a la luz Le Monde Diplomatique.    El motivo de la publicación está claramente definido en el encabezamiento de la edición:

Con este título, la politóloga española Mariám Martinez Bascuñán publica en el día de hoy uno de los artículos más brillantes y rigurosos sobre la crítica situación en que se encuentran las Universidades públicas españolas, tomando como referencia lo que está sucediendo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Como la lectura completa del texto sólo es accesible a los suscriptores del diario El País, donde ha sido editado, me permito incluirlo en su integridad a fin de que su contenido sea conocido y valorado en el escenario más amplio posible 

 " En Estados Unidos lo dicen en voz alta. Christopher Rufo, uno de los arquitectos de la ofensiva de Trump contra las universidades, ha explicado la estrategia sin pudor: utilizar la presión financiera para sumergirlas en un “terror existencial” hasta que la única opción viable sea rendirse. En la Comunidad de Madrid nadie confiesa nada, pero los números son elocuentes: la región más rica de España tiene la universidad pública peor financiada. Lo que allí se proclama, aquí se ejecuta en silencio. Ningún consejero ha explicado qué modelo educativo quiere la Comunidad, qué papel reserva a la investigación, cómo pretende que la universidad contribuya a la prosperidad de la región. No se habla de diagnósticos ni de estrategias porque obligaría a reconocer que el objetivo no es mejorar la universidad pública, sino reducirla hasta hacerla irreconocible.

Meghan O’Rourke, profesora de Yale, lo ha descrito con precisión: “No estamos presenciando simplemente un ataque a la academia ni una serie de reformas fiscales. Es un asalto frontal a las condiciones que hacen posible el pensamiento libre”. Quien crea que lo de Madrid es solo mala gestión o cicatería presupuestaria no ha entendido nada. Porque Madrid no es una anomalía local: es la versión silenciosa de una ofensiva que recorre las democracias occidentales, donde el ataque a las universidades acompaña un proyecto más amplio de debilitamiento institucional. El blanco no es solo la educación superior, sino todas las estructuras que permiten que una democracia funcione sin depender del capricho de un líder: instituciones que generan confianza pública, que establecen límites, que aportan credibilidad colectiva. La sanidad pública, los medios de comunicación, la ciencia, la educación. Todas están en el punto de mira. No porque fallen -que a veces fallan-, sino porque funcionan: ofrecen una verdad alternativa a la del poder político y, por tanto, lo incomodan.  

La técnica tiene un nombre: inversión. Cuando Isabel Díaz Ayuso acusa a la universidad pública de estar “colonizada por la izquierda”, cuando la retrata como un “nido de escraches y vandalismo”, no describe nada: desordena el lenguaje hasta que diga lo contrario de lo que nombra. Quien produce conocimiento pasa a ser sospechoso de “adoctrinar”. Quien defiende la autonomía universitaria se vuelve “elitista”. Quien investiga con rigor es acusado de tener una “agenda” oculta. Es la gramática de la posverdad: invertir las categorías de víctima y agresor hasta que quien asfixia parezca liberar, y quien resiste aparezca como amenaza. Y hay algo más: el silencio. El silencio sobre qué universidad se quiere, qué investigación se imagina, qué ciudadanos se aspira a formar. Es un silencio deliberado porque proponer algo obligaría a un debate, a exponer las cartas. Aquí solo hay el desgaste paciente de lo que existe, como quien deja una casa sin mantenimiento hasta que un día se declara inhabitable. No es un proyecto educativo: es una demolición presentada como higiene democrática.

Pero sería ingenuo pensar que no hay nada detrás del silencio. Lo hay. Se trata de un ecosistema paralelo de legitimación que crece mientras la universidad pública agoniza. Pseudouniversidades autorizadas con informes negativos del Ministerio, políticos sin carrera académica colocados como vicerrectores, títulos sin validez oficial que sirven para inflar currículos y crear apariencia de solvencia. El caso de la Universidad Francisco Marroquín no es una anomalía: es el modelo. Lo vimos hace poco con Noelia Núñez, la diputada del PP que cayó cuando se descubrió que sus títulos eran falsos. Núñez aparecía como “profesora” en la web de la Universidad Francisco Marroquín, una institución guatemalteca considerada el “templo del neoliberalismo en Latinoamérica” que abrió campus en Madrid en 2017. Fue autorizada por la Comunidad aunque el Consejo de Universidades había advertido de que no cumplía los requisitos mínimos. No importó: se aprobó cuando Javier Fernández-Lasquetty, un político sin carrera académica, ocupaba el cargo de vicerrector. Por sus aulas han pasado Esperanza Aguirre y Lucía Figar. Sus títulos no tienen validez oficial en España ni en la UE, pero sirven para lo que sirven: decorar currículos, vestir de solvencia a quien paga.

Quienes denuncian la supuesta ideologización de la universidad pública han construido, mientras tanto, su propio circuito de legitimación ideológica. No es que falte un proyecto alternativo: es que no se formula porque, al formularlo, quedaría claro en qué consiste. Su lógica es sencilla: sustituir instituciones que producen conocimiento validado por otras que producen credenciales útiles al poder. La universidad pública resulta incómoda porque su verdad no tiene dueño: no responde al Gobierno, ni al mercado, ni al líder del momento; responde a métodos propios de evaluación y contraste. Esa autonomía la hace difícil de domesticar. Las pseudouniversidades, en cambio, son maleables: certifican a quien las financia, proporcionan solvencia a quien la necesita, fabrican una apariencia de mérito sin pasar por los filtros de la ciencia o las humanidades. Producen, en suma, la verdad que conviene.

La sanidad pública, la justicia, el periodismo, los organismos estadísticos, los servicios públicos de radiodifusión tienen algo en común: su autoridad no viene del poder, por eso la verdad que producen no pertenece a nadie, porque en el momento en que perteneciese al Gobierno, al mercado o al partido, dejaría de ser verdad y se convertiría en propaganda, en publicidad, en doctrina. Un médico no cura porque lleve bata, cura porque aplica un método. Un científico no descubre nada porque lo diga él, sino porque otros pueden verificarlo. Esa es la diferencia con el líder carismático que pide fe ciega: estas instituciones no dicen “créeme”, dicen “compruébalo”. Y por eso son incómodas para el poder. No puedes comprarlas sin destruirlas: un juez que dicta sentencias a medida deja de ser juez, un periódico que publica lo que conviene deja de hacer periodismo, una universidad que certifica a quien paga deja de ser universidad. Todas estas instituciones están bajo asedio, en distintos grados y en distintos lugares. Pero cuando se desmoronan, lo que se deshace es el lugar donde las palabras aún significan lo mismo para todos. Se trata de la gramática de la convivencia, esa que nos permite discrepar sin rompernos.

El sociólogo Harry Collins lo formuló con una imagen que merece recordarse: el proceso para creer algo no fluye de las estrellas hacia nosotros, sino de nosotros hacia las estrellas. El conocimiento no brota de observaciones neutrales; se forja en el acuerdo previo sobre qué fuentes merecen confianza. Por eso mostrar una foto del espacio a un terraplanista no sirve de nada: lo que él cuestiona no es la imagen, es la autoridad que la respalda. Y esa es exactamente la autoridad que hoy se está demoliendo.

¿Por qué debería importarle esto a alguien que desconfía de la academia o que cree que las universidades están ideologizadas? Meghan O’Rourke lo resume con claridad: el trabajo serio y reflexivo de la universidad protege bienes que ningún gobierno ni empresa pueden garantizar por sí solos. La libertad académica no es un privilegio corporativo: es un espacio donde las ideas pueden desarrollarse sin rendir cuentas al mercado ni al poder político. Y las humanidades -nacidas tras el horror de dos guerras mundiales- existen para recordar algo incómodo: que una sociedad puede ser tecnológicamente avanzada y moralmente bárbara al mismo tiempo. O’Rourke lo resume en una frase que conviene no pasar por alto: “En una era marcada por tecnologías transformadoras, crisis climáticas y una inestabilidad global sin precedentes, necesitamos exigir más de las universidades, no menos”. Más rigor, más apertura, más capacidad de incomodar. Lo contrario es abrir las esclusas y mirar hacia otro lado mientras sube el agua, dejar que el espacio de la crítica se vaya estrechando hasta que solo quede la voz de quien manda".

 Bien sabido es que la empresa privada tiene la lógica aspiración a mejorar la cuenta de resultados. Por su parte, la empresa pública la tiene a mejorar la vida de los administrados, de la ciudadanía. Mezclar ambos conceptos, aun a sabiendas de las distorsiones que provoca, conduce a la inevitable supeditación de lo público a las premisas de rentabilidad que rigen las estrategias cortoplacistas impuestas por los gestores de lo privado, con los que a su vez determinados elementos de la dirigencia pública, es decir, del poder, establecen vínculos lucrativos y de reconocimiento que a la postre acaban aflorando como manifestación inequívoca de formas de corrupción, que se muestran incontroladas y propensas al escándalo y la vergüenza en detrimento de los servicios públicos.

Y es que, como se ha podido comprobar hasta la saciedad en experiencias hospitalarias y educativas, todo ello deriva en un modelo con tantos resquicios como la suma de la creatividad privada para incrementar sus objetivos más la inoperancia en el control por parte de lo público. El resultado, escandaloso, como se ha comprobado en el caso del Hospital Universitario (público) de Torrejón de Ardoz (Madrid), no debe sorprender a nadie.

Cuánta hipocresía, cuánto mirar para otro lado, cuánta indiferencia cuanto silencio, cuanta cobardía, cuanta complicidad. Incluso desde las grandes atalayas, silentes, de la misericordia, que también se sitúa por encima de la realidad.

 Nunca pensamos quienes vivimos con esperanza la transición a la democracia que esto podría llegar a suceder en España. Confiamos en que, al tiempo que la llegada, al fin, de la libertad y de un sentido justo y eficiente de la justicia, la descentralización del Estado iba a abrir posibilidades enriquecedoras y positivas para la aproximación del poder a la ciudadanía con el fin de favorecer una mejor solución de los problemas merced al conocimiento facilitado por la cercanía a las necesidades de la sociedad. La experiencia acumulada y la autocrítica requerida a lo largo del tiempo iban a propiciar el cumplimiento de los avances cualitativos que la Constitución de 1978 propugnó.

Lo vivido el 24 de octubre de 2025, cuando quedó en evidencia la incapacidad de los responsables de la gestión sanitaria pública para llegar a acuerdos de cooperación técnica y estratégica que la sociedad necesita con urgencia a medida que afloran defectos organizativos y logísticos clamorosos, es, en mi opinión, lo más preocupante y grave de lo sucedido en el funcionamiento de la llamada España de las Autonomías.